Comments

a jungla de contratos está a punto de acabarse. Eso es lo que pretende el Gobierno, que “en las próximas semanas” aprobará una simplificación radical.
Foto: El Gobierno recorta de forma drástica el número de contratos: de 43 a cuatro

La jungla de contratos que cohabitan en la legislación laboral española está a punto de acabarse. Al menos, eso es lo que pretende el Gobierno, que “en las próximas semanas” aprobará una simplificación radical de las actuales modalidades de contratación. En concreto, la ministra Fátima Báñez ha impulsado una reforma que reducirá a cuatro (desde los 43 actuales) los contratos laborales: indefinidos, temporalesformación y aprendizaje y prácticas.

El hecho de que haya cuatro contratos, sin embargo, no significa que vayan a desaparecer las especificidades que existen en la actual legislación laboral para atender las diferentes circunstancias de las empresas. Lo que hará el Ministerio de Empleo será crear una herramienta informática“única” que permitirá a los empleadores confeccionar “a la carta” un determinado modalidad contractual.

O dicho en términos más precisos, todos los contratos tendrán algunas cláusulas de carácter general, pero también contarán con especificidades en función de las características de la empresa y del trabajador: la edad del empleado, la duración del contrato (si es de tiempo completo o parcial), la naturaleza (si es indefinido o temporal) o si existe una discapacidad o están amparados por las normas contra la violencia de género.

En palabras de la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, el procedimiento será muy parecido al del impreso que sirve para declarar el IRPF, que es igual para todos los ciudadanos, pero en cada una de las casillas los contribuyentes incluyen sus propias características. Para ello se habilitará una herramienta informática en la página web de los servicios públicos de empleo que se rellenará en cinco pasos.

El hecho de que haya sólo un instrumento para poder contratar no significa, sin embargo, que el Gobierno impulse el llamado ‘contrato único’. En el Ministerio de Empleo se sigue pensando que sería inconstitucional y vulneraría algunos tratados internacionales que ha firmado España, toda vez que supondría descausalizar los motivos del despido. Es decir, que los empresarios podrían rebajar plantillas sin tener que argumentarlo ante los juzgados de lo social.

Indefinido o temporal

La selva en que se ha movido la legislación laboral en los últimos años es evidente, como han puesto de relieve distintos organismos internacionales. Así, por ejemplo, el contrato indefinido o temporal bonificado tiene seis variantes, mientras que el de duración determinada cuenta con nueve modalidades. El resultado es que cuatro de cada diez contratos de trabajo de naturaleza temporal duran ya menos de un mes. En concreto, el 40,4% de los eventuales tuvo una vigencia menor de 31 días durante los primeros once meses de este año.

Lo relevante, sin embargo, no es sólo el porcentaje, sino también la evolución. Al comenzar la crisis, en 2008, apenas el 32% de los trabajadores tenía un contrato inferior a un mes, pero desde entonces el proceso de deterioro del mercado de trabajo no ha dejado de crecer de forma imparable.

El hecho de que se reduzca el número de contratos no significa, sin embargo, que la precariedad laboral vaya a reducirse de forma drástica. Sobre todo teniendo en cuenta que tan sólo durante los once primeros meses de este año se han firmado nada menos que 13,5 millones de contratos, es decir más de un millón cada mes. La reforma impulsada por el Ministerio de Empleo pretende, igualmente, atacar este problema, toda vez que en la actualidad un número muy importante de funcionarios del antiguo INEM se dedican fundamental  a ‘sellar’ contratos de trabajo, en lugar de a encontrar empleo para los parados. Con la reforma, se pretende liberar recursos utilizando un ambicioso programa informático que facilitará hacer contratos sin costes de transacción.

La simplificación de dichos documentos forma parte de una segunda reforma laboral que plantea el Gobierno, aunque de un alcance mucho menor que la primera. En todo caso, no tiene nada que ver con las clásicas recetas de la OCDE y otros organismos multilaterales sobre la necesidad de abaratar el despido. El Gobierno, hoy por hoy, descarta de forma radical esta posibilidad.